POR CADA UNO QUE CAIGA, DIEZ SE LEVANTARÁN

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Chile: Cuando la muerte tiene la palabra
Claudia Korol

ALAI AMLATINA, 08/01/2008, Buenos Aires.- Dicen quienes saben leer los signos de la tierra, que la erupción del volcán Llaima -que hace pocos días conmovió a Chile-, debe ser entendida como un grito que llega desde bien abajo de la tierra, para desgarrar las capas de perversidad de
quienes persisten en el genocidio mapuche y las capas de indiferencia de quienes miran hacia otro lado como diciendo “yo no fui, yo no sé”.

Dicen los “pingüinos”, aquellos muchachos y muchachas que meses atrás se tomaron los liceos y colegios de Chile, que el asesinato del joven mapuche, Matías Catrileo, como antes el de Zenón Díaz Necul y el de Alex Lemun, denuncian la marca racista de la represión que ha vuelto delito
ser joven, pobre, indígena, rebelde.

Matías Catrileo, de 22 años, estudiante de agronomía de la Universidad de La Frontera de Temuco, fue asesinado con una bala disparada por la espalda, por un carabinero. Estaba participando junto a otros comuneros mapuche de una toma de terrenos en el Fundo Santa Margarita de Vilcún, perteneciente al latifundista Jorge Luchsinger. La acción tenía como objetivo avanzar en la recuperación de sus tierras ancestrales.

Alex Lemun, de 17 años, fue asesinado en el 2002 en Ercilla, también por la bala de un carabinero, cuando participaba de una ocupación del Fundo Santa Elisa de la Forestal Mininco. Su asesino fue sobreseído en el 2004 por una Corte Marcial, y hoy está reintegrado en la fuerza policial. El fiscal militar de ese caso, José Pinto Aparicio, es quien realizará ahora la investigación del asesinato de Matías Catrileo. Dice la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile -que conoce los rostros de la impunidad-, que es necesario que el caso sea investigado por la justicia ordinaria, y no por la justicia militar, y que hace falta que se asuma la responsabilidad política por parte del Gobierno.

Dicen las mujeres mapuche, que ¡ya basta! de que asesinen a sus hijos. En el funeral de Matías, Mónica Quezada, madre de Matías, expresó: “tenemos la convicción de que el disparo criminal proviene desde el arma de carabineros. No podemos hacer más que calificar dicha acción como un acto ruin y cobarde. Ruin porque se hizo un uso desproporcionado de la fuerza contra un grupo de jóvenes mapuche, armados apenas con la fuerza de sus ideales. Nosotros y muchísimos más sabemos cómo se denomina a aquellos que atacan por la espalda. No queremos más impunidad, no queremos más hijos muertos por una causa cuya legitimidad ha sido reconocida”.

Un volcán grita, en una tierra en la que muchos callan demasiado. Miles de jóvenes gritan, cuando los adultos reproducen silencios heredados. Lanzan piedras, lanzan lava. Un pueblo defiende la tierra. “Mapuche” significa gente de la tierra. Un pueblo defiende su identidad. Un
pueblo se pone de pie frente a las grandes trasnacionales forestales, de la celulosa, de la electricidad, de la pesca, de la minería. Frente al modelo político, económico, cultural, que destruye a la “Mapu” y a su gente... a sus che.

Dice ese pueblo que no tiene ya nada que perder, más que su propia vida. Dice el silencio oficial, que la vida del pueblo mapuche no vale lo que vale su territorio para los dueños del poder. Dicen los poderosos, que la propiedad privada, es un valor más alto que la vida.

Dicen aquellas feministas que no quieren ser una cuota del poder de destrucción capitalista, patriarcal, racista, que la lenta agonía de Patricia Troncoso, presa política mapuche en huelga de hambre, es otra de las maneras que asumen el “femicidio” y el “etnocidio”. ¿Quién es la mujer que habla desde su cuerpo que se apaga? Patricia Troncoso, presa política mapuche, está realizando una huelga de hambre líquida desde el 12 de Octubre del 2007. Patricia estudió
Teología en el Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad Católica de Valparaíso. En la búsqueda de sus propias raíces, fue aproximándose de manera solidaria a las comunidades mapuche, y se hizo parte de la resistencia histórica de este pueblo.

El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, informó sobre las causas de su detención, producida el 12 de septiembre del año 2002. Patricia fue acusada de ser autora de los delitos de amenazas e incendios terroristas. Se imputó a ella -y a otros acusados- responsabilidad en los siguientes hechos: 1) incendio terrorista en propiedad de Juan Agustín Figueroa Elgueta; 2) amenazas de incendio terrorista contra los dueños y administradores del Fundo Nancahue; 3)
incendio terrorista en perjuicio del predio forestal San Gregorio de propiedad de Juan Julio Sagredo Marín; y 4) amenazas de incendio terrorista contra los dueños y administradores del Predio San Gregorio.

En diciembre de ese mismo año, se le inició un nuevo proceso acusada de ser partícipe de la Organización Mapuche “Coordinadora de Comunidades En Conflicto Arauco Malleco”, organización del pueblo mapuche a la que se estigmatiza como “Asociación Ilícita Terrorista”. El 28 de enero de 2003, se formalizó otra causa en su contra, por delitos de incendio terrorista, robos con violencia, lesiones, usurpación en el grado de tentativa y otros, siendo querellantes la Empresa Forestal Mininco S.A. y la gobernación provincial de Malleco.

En la primera causa, la sentencia definitiva absolvió a los imputados de todos los cargos. Sin embargo las partes querellantes en este caso (gobierno y particulares) presentaron un recurso de nulidad ante la Corte Suprema, que el 2 de julio de 2003 anuló la sentencia absolutoria, ordenando la realización de un nuevo juicio, realizado a partir del 9 de septiembre de 2003. En él fue absuelta nuevamente de todos los cargos que se le formulaban, mientras que los lonkos mapuche fueron condenados a la pena de 5 años y 1 día de presidio por el delito de amenazas de
incendio terrorista, contemplado en el artículo de la Ley N° 18.314.

Finalmente Patricia fue condenada a 10 años y un día de prisión, acusada de incendio terrorista al predio Poluco Pidenco, y se la condenó a pagar en indemnización a la Empresa Forestal Mininco S.A. la suma de 425 millones de pesos, junto a los cinco condenados por esta causa. El caso Poluco Pidenco fue un incendio ocurrido en diciembre de 2001, en el que no hubo víctimas fatales, en el cual sus presuntos autores fueron juzgados con “testigos sin rostros” aplicándosele la Ley Antiterrorista creada durante la dictadura militar. Esta situación ha sido condenada ya en dos oportunidades por los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, que han pedido la derogación de la Ley Antiterrorista y la revisión de los procesos realizados bajo esa norma.

Patricia Troncoso ya ha cumplido la mitad del tiempo en prisión. Sin embargo no se le han concedido los beneficios carcelarios a los que tiene derecho, entre los cuales está la salida dominical y/o la salida diaria. Es otra forma de tortura, en el Chile gobernado por la “socialista” Michelle Bachelet.

Durante los meses de octubre y noviembre del 2004, en forma paralela al cumplimiento de su condena, Patricia Troncoso debió afrontar un cuarto juicio por el delito de Asociación Ilícita Terrorista. Tras 17 jornadas de audiencias en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, fue declarada inocente por tercera vez de su participación en delitos de carácter terrorista. Pero Patricia Troncoso, no es la única víctima del Estado chileno. En las cárceles de Angol, Victoria, Lebu, Concepción, Temuco y Traiguén, se encuentran más de 20 presos políticos mapuche, la mayoría juzgados bajo la legislación antiterrorista de tiempos de Pinochet.

Víctor Toledo Llancaqueo(1), afirma en la revista OSAL 22: “Frente al conflicto con los indígenas; y siguiendo las pautas de una intensa campaña de criminalizacion de la protesta social mapuche; el Estado chileno emprendió una sistemática huida hacia el derecho penal. El caso mapuche es ilustrativo de la criminalización de la protesta social, como un proceso político, mediático y jurídico, que etiquetando a los actos de protesta como delitos, busca sacar a un conflicto social de la arena política, para llevarla al campo penal. El objetivo de los impulsores de la criminalización, es poner en marcha al poder punitivo del Estado, para neutralizar, disciplinar o aniquilar la protesta. Los medios de comunicación y sectores de derecha, fueron actores clave del proceso de criminalización de la protesta mapuche. Ante la emergencia de la movilización indígena, promovieron activamente su deslegitimación, penalización y que se la enmarque como un asunto de seguridad. Por su parte las empresas forestales, resintieron el conflicto con las comunidades mapuche en su imagen corporativa. Sindicadas por daños ecológicos y represión a indígenas por medio de guardias privados, quedaron expuestas a perder algunos mercados. Frente a este cuadro, los grandes grupos forestales presionan al gobierno y a la opinión pública, para que los conflictos sean resueltos penalmente. Se magnificaron los efectos económicos de la protesta mapuche, y la figura del incendio”(2).

Las forestales mandan en Chile –en América Latina-, hacen y deshacen, saquean, acumulan superganancias. Los conflictos entre estas empresas trasnacionales y el pueblo mapuche, se concentran alrededor de la tenencia y la contaminación de la tierra, ya que los territorios ancestrales han sido usurpados por las forestales, atentando también contra la cosmovisión de ese pueblo, sus símbolos, su cultura; y contaminando fuertemente los amplios territorios arrebatados.

Alfredo Seguel(3), investigador chileno, destaca que la entre las consecuencias del desarrollo de la industria forestal en Chile, se encuentran: “Desplazamiento del Bosque Nativo; Pérdida de los Recursos hídricos, superficiales y subterráneos que ha sido una de las constantes denuncias entre la IX y X regiones (Los monocultivos exóticos actúan como verdaderas bombas de agua); Uso indiscriminado de plaguicidas y contaminación de ecosistemas; Acorralamiento de comunidades rurales por los monocultivos; Destrucción de caminos rurales y polución por el tránsito de la maquinaria pesada, principalmente en tiempos de cosecha; Pérdida de Flora y Fauna (también plantas medicinales y alimenticias) ante el desplazamiento del Bosque nativo y ecosistemas; Suelos ganaderos y agrícolas reemplazados para la introducción de forestales industriales lo que conlleva a la perdida de soberanía y seguridad alimentaria; Transgresión de lugares sagrados; Aumento emigración (disminuye fuente laboral) y pobreza en lugares de alta concentración Forestal; Acusaciones por auto atentados de incendios forestales que han involucrado a grupos de seguridad de estas y que han quedado en la impunidad”.

Un dato importantísimo para este análisis que aporta Seguel es la información sobre los incendios o auto atentados, producidos por empresas de seguridad “que prestan servicios a compañías forestales como CMPC – Mininco (Matte) y Arauco – Celco (Angelini), donde incluso, se han señalado a ex uniformados y ex agentes de inteligencia involucrados en estas firmas. Una escalada de incendios forestales durante los años 1999 al 2001, coinciden con algunas denuncias aún aisladas de auto atentados al interior de las propias empresas, como asimismo, con el inicio de un operativo de inteligencia en el Gobierno de Ricardo Lagos, desde el mismo 2001 al 2004, para reprimir, neutralizar, controlar y perseguir a una buena parte del movimiento mapuche, como fue a la organización Arauko Malleko”… “La empresa Forestal que involucra en denuncias por auto-atentados a través de sus “cuadros” de seguridad patrimonial, corresponde a Forestal Mininco, que integra el holding CMPC del grupo económico Familia Matte; sin embargo, con las denuncias de Yumbel, estas se extienden a otras, tales como Forestal Arauco y Celco, del multimillonario de origen italiano, Anacleto Angelini (Holding Copec-Arauco); y forestal Bio Bio también de Angelini”. En su trabajo, Seguel aporta varios datos que dan sustento a estas hipótesis, que cierran el círculo de comprensión de las razones que hacen que en pleno siglo 21, un gobierno que se hace llamar de socialista, mantenga secuestrado a un pueblo en los confines de su propio territorio.

Durante los primeros días de enero, numerosas movilizaciones y denuncias de los crímenes contra el pueblo mapuche realizados por el gobierno de Bachelet –que continúa las políticas de la Concertación-, recorren América Latina. Sin embargo, es necesario debatir con mayor profundidad, sobre los modelos mal llamados de “desarrollo”, con que las trasnacionales vienen saqueando a nuestro continente, con la complicidad en la mayoría de los casos, de los gobiernos locales –incluso de muchos de los caracterizados como “progresistas”.

La recolonización, las nuevas guerras de conquista, el reparto de territorios por parte de las trasnacionales del Primer Mundo, sigue siendo la forma de acumulación del capitalismo, y sus consecuencias son el exterminio de pueblos completos, y la devastación del planeta. Recordar en este contexto a Rosa Luxemburgo, cuando planteó un siglo atrás el dilema de la humanidad, como “socialismo o barbarie”, puede ser una manera de pensar en términos más complejos, que estamos frente a una situación que nos exige, no sólo pensar acciones puntuales de denuncia sobre violaciones a los derechos humanos, que parecieran excepcionales, sino comprender que estos actos depredatorios, son inherentes al capitalismo y a su sistema de dominación. Será hora entonces de discutir qué proyecto de vida deseamos y promovemos, qué socialismo soñamos y construimos como alternativa al capitalismo, y encontrar cómo las batallas de resistencia que venimos librando frente al avance de las trasnacionales, de sus gendarmes y de sus gobiernos, puedan ir proyectándose en nuevas experiencias de poder popular.

En ese camino, movilizar fuerzas para que no sea la muerte, la única palabra audible del pueblo mapuche, y de otros y otras “condenados y condenadas de la tierra”. Que hablen quienes tengan voz. Que griten quienes tengan energía. Que marchen quienes tengan cuerpos dispuestos a mostrar que es verdad la palabra mapuche que dice que “por cada uno que caiga, diez se levantarán”.

- Claudia Korol es periodista argentina del Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos (CLACSO)

Notas:
(1) Víctor Toledo Llancaqueo es historiador, Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas, Chile. Co-coordinador del Grupo de Trabajo Movimientos Indígenas en América Latina de CLACSO.

(2) Movilización mapuche y política penal. Los marcos de la política indígena en Chile – 1990 -2007. Publicado en revista OSAL (Observatorio Social de América Latina). Se puede acceder al texto en http://sala.clacso.org.ar/biblioteca

(3) Alfredo Seguel es integrante de la agrupación de técnicos y profesionales de Temuko – Konapewman – Es vocero de la coordinación de comunidades en conflictos ambientales

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